La Defensoría del Pueblo encendió las alarmas sobre el deterioro del debate democrático en el país, tras identificar que la violencia electoral actual se está manifestando con mayor fuerza a través de la desinformación, la estigmatización y los prejuicios.
El pronunciamiento surge luego de un análisis realizado entre el 13 de marzo y el 15 de abril, en el marco del seguimiento al Compromiso por un Proceso Electoral Libre y en Paz. El informe revela un panorama preocupante, donde la confrontación de ideas ha sido reemplazada por ataques personales, tanto en espacios públicos como en entornos digitales.
La defensora del Pueblo, Iris Marín Ortiz, advirtió que “el proceso electoral enfrenta un deterioro del debate democrático marcado por violencias digitales, estigmatización y discursos de odio que ponen en riesgo la vida, la participación política y la calidad de la democracia”.
Según el organismo, estas prácticas no son hechos aislados, sino dinámicas recurrentes que debilitan la confianza ciudadana en las instituciones y en el ejercicio político.
El informe también evidencia que la violencia electoral no impacta a todos por igual. Las mujeres en política enfrentan ataques constantes basados en estereotipos de género, sexualización y descalificaciones personales. Asimismo, se documentaron expresiones de racismo dirigidas a candidaturas afrodescendientes e indígenas.
Entre las personas mencionadas en el reporte como víctimas de difamación, estigmatización o violencia por prejuicio se encuentran Paloma Valencia, Juan Daniel Oviedo, Claudia López, Aida Quilcué y Sondra Macollins.
De igual forma, el documento señala que Iván Cepeda presenta una alta recurrencia de señalamientos, mientras que Luis Gilberto Murillo ha sido blanco de mensajes racistas. Otros afectados incluyen a Abelardo de la Espriella, José Manuel Restrepo y la campaña de Sergio Fajardo.
Uno de los principales motores de esta problemática es la desinformación. La Defensoría advirtió que la difusión de señalamientos que vinculan a candidatos con actividades ilegales o estructuras criminales busca deslegitimar al adversario político, afectando la transparencia del proceso electoral.
Este fenómeno, amplificado por figuras de alta visibilidad, está generando un ambiente de autocensura y desincentivando la participación, especialmente entre los jóvenes, lo que representa un riesgo directo para la democracia.
Frente a este panorama, la defensora hizo un llamado urgente a entidades como la Fiscalía General de la Nación, el Ministerio del Interior y la Unidad Nacional de Protección (UNP), para que fortalezcan sus acciones y medidas de prevención.
Asimismo, instó a los movimientos y partidos políticos a rechazar de manera clara y sin selectividad cualquier forma de violencia electoral, subrayando que el respeto por la diferencia es fundamental para garantizar un proceso democrático legítimo.
