La Asociación de Bananeros del Magdalena y La Guajira (Asbama) rechazó la propuesta del presidente Gustavo Petro de disminuir la producción bananera en la región Caribe para destinar más agua potable a la población, y aseguró que la crisis hídrica debe abordarse desde soluciones técnicas y estructurales, sin responsabilizar al sector agrícola.
El gremio afirmó que comparte la preocupación por el acceso al agua en el Caribe colombiano, pero advirtió que reducir la actividad bananera no resolvería el problema de fondo. Según Asbama, la escasez del recurso responde a fallas históricas en infraestructura, gestión pública e inversión en acueductos y recuperación de cuencas hidrográficas.
El presidente ejecutivo del gremio, José Francisco Zúñiga, señaló que la propuesta desconoce el impacto económico y social que tiene el banano en el Magdalena, donde el sector representa el 9,4 % del empleo formal y sostiene de manera directa a más de 18 mil familias.
Además, más de 500 pequeños productores dependen de este cultivo como principal fuente de ingresos, mientras que miles de trabajadores participan en actividades relacionadas con la producción, empaque, transporte y exportación de la fruta.
Asbama indicó que el sector genera cerca de 800 mil millones de pesos anuales en salarios, dinamizando la economía rural y urbana del departamento y aportando a diferentes actividades comerciales y productivas de la región.
El gremio advirtió que una eventual reducción de la producción afectaría principalmente a trabajadores y familias campesinas que dependen de esta actividad agrícola, por lo que insistió en que cualquier decisión debe considerar sus consecuencias sociales y económicas.
Asimismo, destacó que el sector ha implementado tecnologías para optimizar el uso del agua, como sistemas de riego por goteo, microaspersión, sensores y estaciones meteorológicas, además de participar en iniciativas ambientales y proyectos de sostenibilidad junto a Corpamag y otras entidades.
Finalmente, Asbama reiteró su disposición para participar en espacios de diálogo sobre la crisis hídrica, aunque insistió en que las decisiones deben sustentarse en estudios técnicos y soluciones integrales. “Lo que no puede ocurrir es que se pretenda trasladar al agro la responsabilidad de una problemática estructural cuya solución exige acciones integrales del Estado”, concluyó el gremio.
