La Fiscalía General de Ecuador solicitó una condena de seis años y medio de prisión contra el expresidente Lenín Moreno (2017-2021), al considerar que existen elementos suficientes para responsabilizarlo por el delito de cohecho dentro de un presunto esquema de corrupción relacionado con la construcción de la central hidroeléctrica Coca Codo Sinclair, la más grande del país.
Durante el juicio, el ente acusador sostuvo que la empresa estatal china Sinohydro habría entregado sobornos equivalentes al 4 % del valor del contrato con el objetivo de obtener la adjudicación del proyecto. Según la investigación, los recursos ilícitos habrían superado los 76 millones de dólares y fueron distribuidos a través de cuentas bancarias en el extranjero, paraísos fiscales y empresas fachada.
La Fiscalía señaló a Moreno como uno de los presuntos autores directos del esquema, asegurando que habría participado en la planificación, coordinación y adjudicación del proyecto durante el período en que ejerció como vicepresidente del entonces presidente Rafael Correa.
Asimismo, el organismo pidió la misma pena para otros procesados vinculados al caso, al considerar que participaron en la recepción, administración y distribución de los recursos obtenidos presuntamente mediante sobornos. En total, catorce personas enfrentan cargos dentro de este proceso judicial.
Entre los acusados figuran también Rocío González, esposa del exmandatario; su hija Irina Moreno; y el exembajador de China en Ecuador, Cai Runguo, entre otros presuntos involucrados.
El fiscal general, Leonardo Alarcón, afirmó que las pruebas presentadas durante el juicio evidencian la existencia de una supuesta red de corrupción orientada a obtener beneficios económicos indebidos. Según la tesis de la Fiscalía, los principales favorecidos habrían sido integrantes del entorno familiar y empresarial relacionado con Moreno.
Las investigaciones sostienen que el dinero habría sido fragmentado y transferido mediante una compleja estructura financiera internacional, utilizando cuentas en el exterior, paraísos fiscales y compañías de papel para ocultar el origen de los recursos.
El proceso judicial comenzó en mayo de este año, después de que Moreno regresara a Ecuador para comparecer ante la Corte Nacional de Justicia. La Fiscalía asegura que la presunta red operó entre 2009 y 2018 y que los pagos ilegales se canalizaron mediante contratos de consultoría ficticios y otras operaciones simuladas.
Por su parte, el expresidente ha rechazado de manera reiterada las acusaciones y sostiene que es víctima de una persecución política. En diciembre de 2025 negó cualquier participación en actos de corrupción relacionados con este caso.
El tribunal deberá ahora evaluar las pruebas presentadas por las partes antes de emitir una decisión definitiva sobre uno de los procesos judiciales más relevantes de los últimos años en Ecuador.
