La Procuraduría General de la Nación pidió a las autoridades nacionales actuar a tiempo para prevenir conflictos socioambientales y proteger el agua.
La institución presentó los resultados de su intervención y vigilancia preventiva frente a la Sentencia del río Bogotá, la minería ilegal, la deforestación y la protección de las fuentes hídricas.
La Procuraduría destacó que ha adelantado actuaciones de vigilancia preventiva, requiere información, verifica compromisos y promueve espacios de articulación interinstitucional, sin sustituir las competencias de las autoridades responsables.
En relación con la Sentencia del río Bogotá, el Ministerio Público presentó los avances del seguimiento que adelanta desde 2015 y las actuaciones desarrolladas, entre ellas los requerimientos de información a las entidades responsables, la verificación de las condiciones de las plantas de tratamiento de aguas residuales Salitre y Canoas y las actuaciones frente al ordenamiento territorial de los municipios de la cuenca.
La institución también inicio de un seguimiento preventivo al cumplimiento de la orden judicial 4.18, relacionada con la armonización de los instrumentos de ordenamiento territorial con el POMCA del río Bogotá. La verificación identificó que 13 municipios cuentan con instrumentos adoptados, 5 están en proceso de concertación y 28 tienen instrumentos vigentes, pero desactualizados, con más de diez años de antigüedad.
Por esta razón, se requirió formalmente a estos últimos para conocer el estado de cumplimiento de la orden y se prevé realizar mesas de seguimiento con los municipios y la CAR para verificar avances, dificultades y acciones pendientes.
Frente a la minería ilegal y la deforestación, la Procuraduría destacó las actuaciones de vigilancia preventiva en el marco de la Circular 003 de 2024, que establece la estrategia nacional para el control de la minería ilegal y la contaminación por mercurio, así como las acciones para proteger las áreas protegidas, prevenir el acaparamiento de tierras y controlar los factores de contaminación de las fuentes hídricas.
Ante esta situación, el ente de control hizo un llamado a fortalecer la articulación institucional mediante el intercambio de información, la atención conjunta de los conflictos socioambientales y el seguimiento a los compromisos institucionales para lograr resultados concretos en la protección ambiental y de las comunidades.
