El Juzgado Primero Promiscuo Municipal de Tenerife emitió un fallo que obliga a la empresa Air-e a reparar, reubicar o sustituir en un plazo máximo de un mes los postes de energía que se encuentran en mal estado en distintos puntos del municipio. La decisión se tomó tras una acción de tutela presentada por la Personería Municipal, que actuó en representación de la comunidad ante el riesgo latente que representa la infraestructura deteriorada.
Según la Personería, numerosos postes presentan inclinación, fracturas en la base y cableado en mal estado, lo que eleva el peligro de colapso, afectaciones a viviendas y accidentes para peatones o vehículos. Los reportes ciudadanos, acompañados de registros fotográficos, evidenciaron la gravedad de la situación en barrios del casco urbano y en las vías que conectan hacia el área rural, especialmente en temporadas de lluvias y fuertes vientos.
En su resolución, el juzgado dispuso que Air-e debe realizar una revisión técnica integral de todos los postes señalados en la tutela, además de evaluar aquellos que presenten condiciones similares. El propósito es garantizar que la reparación o sustitución no se limite a puntos específicos, sino que abarque la totalidad de la infraestructura en riesgo.
El fallo también fue notificado a la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios y a la Alcaldía de Tenerife, entidades que deberán coordinar con la empresa el cumplimiento de las medidas. Adicionalmente, la decisión contempla la presentación de informes periódicos que permitan verificar el avance de las labores y asegurar que se ejecuten dentro de los plazos fijados.
La Personería Municipal, promotora de la acción, afirmó que permanecerá vigilante y advirtió que, en caso de incumplimiento, impulsará un incidente de desacato contra la empresa. Este recurso legal obligaría a la autoridad judicial a exigir la ejecución inmediata de las medidas correctivas y sancionar la desatención.
Para los residentes de Tenerife, la decisión representa un alivio, pues desde hace meses venían advirtiendo sobre el riesgo que implicaban las estructuras deterioradas. La orden judicial, que tiene carácter obligatorio, busca prevenir accidentes y proteger a la población antes de que ocurra una emergencia mayor por la caída de postes o desprendimiento de cables.
Con este fallo, el juzgado ratifica la responsabilidad de las empresas prestadoras de servicios públicos de garantizar condiciones seguras y adecuadas en la infraestructura, y marca un precedente en la defensa del derecho colectivo a la seguridad y la protección de la vida.
