El impacto del conflicto armado en Colombia continúa dejando cifras preocupantes. Según un reciente informe de la Oficina para la Coordinación de Asuntos Humanitarios de las Naciones Unidas (Ocha), al menos 11.000 menores de edad han sido víctimas directas de hechos de violencia durante el 2025, en medio de un escenario que sigue marcando a las poblaciones rurales más vulnerables.
El reporte, que abarca el periodo de enero a agosto de 2025, indica que aproximadamente 1,4 millones de personas en el país han sido afectadas por situaciones como desplazamientos masivos, confinamientos, restricciones a la movilidad, amenazas, extorsiones, reclutamientos forzados y el uso de artefactos explosivos. Estos hechos, aunque distribuidos en varios departamentos, se concentran principalmente en Antioquia, Chocó, Norte de Santander, Cauca, Valle del Cauca y Putumayo, zonas donde la presencia de grupos armados ilegales sigue generando crisis humanitarias.
Dentro de esas cifras, los menores de edad representan una de las poblaciones más golpeadas. Según el informe, niños, niñas y adolescentes han sido víctimas de desplazamientos, confinamientos forzados y restricciones a la movilidad, tres de las situaciones más recurrentes en el país. Estas condiciones no solo afectan su acceso a la educación y la salud, sino que también los exponen a graves violaciones de derechos humanos, como el reclutamiento y utilización por parte de grupos armados.
Ocha advierte que las cifras podrían ser aún más altas. “A falta de reportes completos sobre los hechos de violencia, se estima que al menos 291.400 menores de edad podrían estar siendo impactados por estas emergencias humanitarias y expuestos a riesgos severos”, señala el documento.
Los organismos internacionales han insistido en que la situación de la niñez en medio del conflicto requiere una respuesta urgente y coordinada por parte del Estado colombiano, las entidades territoriales y las organizaciones humanitarias. En muchas de las regiones afectadas, la limitada presencia institucional ha dificultado la protección y atención oportuna a las víctimas más jóvenes.
Este panorama refuerza la alerta de Naciones Unidas sobre la persistencia de las violencias armadas y sus consecuencias sobre la población civil, especialmente en comunidades indígenas, afrodescendientes y campesinas, donde los menores continúan siendo víctimas invisibles de una guerra que se resiste a desaparecer.
