La Comisión Interinstitucional de la Rama Judicial manifestó su profunda preocupación ante el Gobierno Nacional, particularmente frente al Ministerio de Hacienda, por la considerable reducción del presupuesto asignado para el año 2026. Según informó el organismo, el recorte asciende a más de 5 billones de pesos, cifra que podría comprometer gravemente el funcionamiento del sistema judicial en todo el país.
De acuerdo con el reporte oficial, recientemente se aplicó una reducción de 695 mil millones de pesos al presupuesto aprobado, que se suma a un primer recorte de 4,4 billones respecto a la solicitud inicial de 16 billones presentada por la Rama Judicial.
El presidente de la Comisión Interinstitucional y del Consejo Superior de la Judicatura, Jorge Enrique Vallejo Jaramillo, expresó que esta situación “es muy delicada porque compromete la posibilidad de crear los juzgados laborales municipales, así como de fortalecer y robustecer toda la estructura judicial”. Añadió además que se inició un diálogo “firme, respetuoso y cordial” con el Gobierno, con el propósito de instalar mesas técnicas de trabajo que permitan revisar el presupuesto y lograr los ajustes necesarios para garantizar una justicia eficiente y cercana al ciudadano.
Durante una reunión sostenida con el viceministro general de Hacienda, Carlos Emilio Betancurt Galeano, los integrantes de la Comisión —conformada por los presidentes de la Corte Suprema de Justicia, la Corte Constitucional, el Consejo de Estado, la Comisión Nacional de Disciplina Judicial, la Fiscalía General de la Nación y el representante de los funcionarios y empleados judiciales— presentaron los impactos que tendría este recorte en la operación del sistema.
Entre los efectos más preocupantes se encuentran la reducción de recursos para servicios esenciales como aseo, vigilancia, arriendos, mantenimiento, seguros y servicios públicos, así como la limitación en la compra de equipos, mobiliario y tecnología necesaria para la gestión judicial. Además, se alertó sobre las dificultades que generaría en el pago de sentencias judiciales y en la implementación del Código Procesal del Trabajo, de la Seguridad Social y la Jurisdicción Agraria y Rural, que requieren personal y estructura adicional.
Entidades como el Consejo Superior de la Judicatura, la Fiscalía General de la Nación y el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses también se verían afectadas por esta medida, lo que podría ralentizar los procesos y agravar la congestión judicial.
Como resultado del encuentro, el Ministerio de Hacienda y Crédito Público adquirió varios compromisos clave para mitigar los efectos del recorte. Entre ellos, entregar en los próximos días una respuesta sobre el decreto que busca incrementar en un 5,85% la bonificación judicial, gestionar una reunión entre los ministros de Hacienda y Justicia para revisar la distribución de recursos del FRISCO, e instalar una mesa técnica para analizar las necesidades presupuestales más urgentes, establecer un cronograma de trabajo y buscar soluciones al déficit financiero detectado para la vigencia 2026.
La Rama Judicial reiteró su llamado al Gobierno Nacional para que se garantice la sostenibilidad presupuestal del sector, recordando que la administración de justicia es un pilar fundamental del Estado y que su debilitamiento afecta directamente los derechos y la confianza de la ciudadanía.
