La Procuraduría General de la Nación formuló un pliego de cargos contra el exgobernador del Huila, Luis Enrique Dussán López (2020–2023), al detectarse presuntas irregularidades en la ejecución de un contrato de pavimentación correspondiente a siete kilómetros de la vía La Victoria – San Marcos, en jurisdicción del municipio de Acevedo.
El proyecto fue financiado con recursos del Sistema General de Regalías (SGR) por un valor superior a 18.200 millones de pesos.
La investigación, liderada por la Delegada para el Seguimiento a los Recursos del SGR, atribuye al exmandatario una supuesta omisión en sus funciones, al no garantizar el cumplimiento adecuado del contrato ni tomar medidas correctivas cuando se le reportaron posibles anomalías en la ejecución del mismo.
De acuerdo con los hallazgos del proceso disciplinario, desde las primeras etapas del proyecto se identificaron deficiencias en los diseños del corredor vial, lo que ocasionó un aumento en las cantidades de obra, un incremento en el costo inicial y una ampliación del plazo de ejecución. A pesar de ello, la administración departamental no habría implementado una estrategia eficaz para superar las dificultades técnicas y administrativas que afectaban la continuidad de la obra.
Según la Procuraduría, Dussán López habría tenido conocimiento directo de las demoras y complicaciones que enfrentaba el contrato, pero no actuó con la debida diligencia para evitar que el proyecto quedara paralizado. Esta falta de gestión derivó en la cancelación tardía del contrato interadministrativo, el cual fue liquidado dos años y nueve meses después de que el exgobernador fuese advertido de las irregularidades, es decir, el 29 de diciembre de 2023, cuando ya finalizaba su periodo de gobierno.
El órgano de control concluyó que, de comprobarse las acusaciones, Dussán López habría violado los principios de responsabilidad, moralidad y economía que rigen la función pública, por lo que su comportamiento fue calificado como una falta grave cometida a título de dolo.
Con esta decisión, la Procuraduría avanza en la fase disciplinaria para determinar si el exgobernador incurrió en una conducta intencional que afectó el adecuado manejo de los recursos públicos destinados a la infraestructura vial del departamento del Huila.
