La Fiscalía General de la Nación exigió este lunes la liberación inmediata e incondicional de los funcionarios Jesús Antonio Pacheco Oviedo y Rodrigo Antonio López Estrada, secuestrados por el Ejército de Liberación Nacional (ELN) desde el pasado 8 de mayo en Arauca. El ente investigador rechazó categóricamente que su entrega sea condicionada a un canje de prisioneros, al asegurar que “no son fichas de cambio”.
En un pronunciamiento oficial, la entidad calificó de “inadmisibles” las pretensiones del grupo armado, que insiste en negociar la libertad de los cautivos bajo exigencias políticas. La Fiscalía recordó que ambos secuestrados son miembros del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) adscritos a la Dirección de Protección y Asistencia, encargados de acompañar a víctimas, testigos e intervinientes en procesos judiciales, por lo que su labor es estrictamente humanitaria y judicial.
El comunicado también expresó respaldo a las organizaciones sindicales de la Rama Judicial, que han promovido movilizaciones y gestiones humanitarias en favor de la liberación de los servidores. En el mismo sentido, la Fiscalía se solidarizó con los agentes de la Policía Nacional, Yordi Fabián Pérez Mendoza y Franki Esley Hoyos Murcia, igualmente retenidos por el ELN e incluidos en el canje propuesto por esa organización insurgente.
El ELN, por su parte, difundió un mensaje en el que aseguró haber “agotado las gestiones” para una solución negociada, anunciando su decisión de someter a los secuestrados a un “juicio revolucionario”. Según el comunicado del grupo rebelde, este procedimiento podría imponerles penas de prisión de entre tres y siete años, aunque se les permitiría mantener comunicación con sus familias.
La Fiscalía calificó de “inadmisible y arbitraria” esta amenaza, señalando que constituye una violación grave al derecho internacional humanitario y que los responsables serán judicializados. Además, agradeció las gestiones de entidades como la Misión de Verificación de la ONU, la MAPP/OEA, el Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR), la Iglesia Católica y la Defensoría del Pueblo, que trabajan de manera constante por el retorno seguro de los secuestrados.
El ente acusador también informó que continúa una investigación penal en curso contra los miembros del Frente Oriental de Guerra del ELN, presuntos responsables del secuestro extorsivo.
Este nuevo episodio aumenta la tensión entre el Gobierno y el ELN, justo cuando diversos sectores reclaman retomar los diálogos de paz. El planteamiento de un “juicio revolucionario” y el uso de funcionarios del Estado como instrumentos de presión política representan un nuevo obstáculo para la negociación y una amenaza directa a la justicia, la seguridad y los derechos humanos en las regiones más afectadas por el conflicto.
