La Mesa Distrital de Participación Efectiva de las Víctimas de Santa Marta respaldó este 18 de marzo de 2026 la demanda de nulidad presentada por la Personería Distrital ante el Consejo de Estado, con el propósito de dejar sin efecto una disposición que, según argumentan, no establece turnos ni plazos claros para el pago de indemnizaciones administrativas a víctimas del conflicto armado, generando incertidumbre y afectando su derecho a la reparación integral.
La acción judicial busca la nulidad del inciso tercero del artículo 14 de la Resolución 01049 del 15 de marzo de 2019, expedida por la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas. De acuerdo con la Personería y la Mesa Distrital, la norma presenta vacíos significativos, entre ellos la ausencia de un turno definido para el desembolso de los recursos, la falta de un plazo estimado para su cumplimiento y la sujeción indefinida al denominado Método Técnico de Priorización, aplicado de forma anual.
En ese contexto, voceros de la Mesa Distrital señalaron que estas condiciones prolongan la incertidumbre de miles de víctimas que, pese a contar con un acto administrativo en firme que reconoce su derecho a la indemnización, permanecen en la denominada “ruta general” sin claridad sobre cuándo recibirán la compensación económica. Esta situación, afirman, vulnera principios fundamentales como el debido proceso administrativo, la seguridad jurídica y la confianza legítima.
