Colombia enfrenta una preocupante ola de violencia dirigida contra la Fuerza Pública, protagonizada por grupos armados ilegales que han ejecutado ataques selectivos en varias regiones del país. En las últimas dos semanas, al menos once policías y cuatro militares han sido asesinados en hechos que incluyen emboscadas, atentados con explosivos y asesinatos selectivos.
Uno de los casos más recientes ocurrió el 25 de abril en Tarazá, Antioquia, donde cuatro hombres en motocicletas dispararon contra la estación de Policía, hiriendo al patrullero Lenin Rafael Suárez Osorio, quien falleció posteriormente en el hospital. Ese mismo día, en el municipio de Remedios, también en Antioquia, tres uniformados resultaron heridos tras el lanzamiento de una granada contra una patrulla policial durante una requisa. En el intercambio de disparos, murieron dos de los atacantes.
En Bolívar, dos policías —el patrullero Edwin Agustín Feria y la patrullera Belén Karina Durán— fueron asesinados en la madrugada del 25 de abril, tras un ataque perpetrado por delincuentes que se movilizaban en lancha cerca de la estación de Policía de Simití. En Córdoba, el patrullero Aldair Urango fue asesinado a tiros en el corregimiento Los Palmitos, en zona rural de Ciénaga de Oro, mientras que en Chimá fue atacado el soldado José Francisco Espitia. En Segovia, Antioquia, el soldado Luis Carlos Vargas Gutiérrez murió a manos de un francotirador.
El pasado 20 de abril, dos policías fueron asesinados durante un ataque sicarial en Pasacaballos, zona rural de Cartagena. Un civil también perdió la vida. Días antes, el 15 de abril, el subintendente Deimer Díaz Pérez fue asesinado en Carepa, y el 16 de abril, una carga explosiva atentó contra el subintendente Nelson Humberto Cárdenas Carmona en Salgar. El 19 de abril, en Chigorodó, el patrullero Jorge Luis García Meza fue asesinado dentro de una vivienda cuando intentaba resguardarse.
Frente a estos hechos, el Ministerio de Defensa ha ofrecido recompensas de hasta 200 millones de pesos por información que permita dar con los sicarios responsables, y hasta 20 millones por datos que ayuden a prevenir nuevos ataques. El ministro de Defensa, Pedro Arnulfo Sánchez, calificó a los autores como sicarios cobardes al servicio de estructuras ilegales que actúan a traición. Por su parte, el gobernador de Antioquia, Andrés Rendón, condenó los atentados y afirmó que los hechos demuestran el fracaso de la política de “paz total”, argumentando que los grupos armados siguen delinquiendo sin enfrentar consecuencias efectivas.
Las autoridades han intensificado las investigaciones con apoyo de inteligencia militar y criminalística, mientras en varias zonas del país se mantienen alertas y operativos especiales para proteger al personal uniformado ante nuevas amenazas.
