El Consejo de Seguridad de la ONU aprobó la extensión por un año de la Misión de Verificación de Naciones Unidas en Colombia, aunque con una reducción significativa de sus responsabilidades relacionadas con el Acuerdo de Paz de 2016. La resolución fue aprobada con 13 votos a favor y dos abstenciones, entre ellas la de Estados Unidos, que optó por no respaldar plenamente la continuidad del mandato original.
A partir de esta decisión, la Misión ya no podrá verificar el cumplimiento de las sanciones impuestas por la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) ni supervisar la implementación del capítulo étnico del Acuerdo, dos componentes considerados esenciales para la justicia transicional y la reparación de las comunidades más afectadas por el conflicto armado. Además, el organismo internacional dejará de tener competencia sobre el cese al fuego con el ELN, luego de la finalización de ese proceso de paz.
La embajadora de Colombia ante la ONU, Leonor Zalabata, expresó su preocupación por la decisión del Consejo y subrayó la importancia de mantener la integralidad del Acuerdo de Paz:
“El deseo colombiano, compartido por la mayoría de los miembros, era conservar el mandato sobre la justicia transicional y el capítulo étnico. Este modelo de justicia centrado en las víctimas es reconocido internacionalmente, incluso por este mismo Consejo. Continuaremos con su implementación, porque la paz solo es sostenible si todos los puntos del acuerdo avanzan de forma coherente y equilibrada”, afirmó.
Lo que la ONU seguirá verificando
Pese a los recortes, la Misión de Verificación mantendrá su trabajo en los frentes de reincorporación, seguridad y desarrollo rural. Específicamente, continuará con la supervisión de la reincorporación social, política y económica de los exintegrantes de las Farc, así como de las garantías de seguridad para los firmantes de paz, sus familias, líderes sociales y comunidades. También seguirá monitoreando la implementación de la Reforma Rural Integral, uno de los pilares estructurales del acuerdo.
La Misión conservará su presencia en más de 300 municipios del país —principalmente en las zonas más afectadas por el conflicto—, donde actúa como un agente protector y observador internacional, apoyado por personal civil, observadores militares y policías internacionales desarmados, junto con voluntarios de la ONU. Además, seguirá participando en procesos de mediación en momentos críticos y brindando apoyo en liberaciones de personas secuestradas.
Efectos para la JEP y el capítulo étnico
La exclusión de la ONU del seguimiento a la JEP implica que ya no habrá un organismo internacional encargado de verificar el cumplimiento de las sanciones propias que esta jurisdicción impone, ni de monitorear si el Estado garantiza las condiciones necesarias para su ejecución. También se perderán los informes de seguimiento que la Misión debía entregar, los cuales servían como alertas ante posibles incumplimientos.
Asimismo, el retiro del monitoreo sobre el capítulo étnico supone un retroceso en la vigilancia de las salvaguardas de los derechos de los pueblos indígenas, afrodescendientes y comunidades raizales, reconocidos tanto a nivel nacional como internacional. Con esto, se reduce la capacidad de la ONU para garantizar que las acciones del Estado colombiano respondan al impacto desproporcionado que estas comunidades sufrieron durante el conflicto armado.
La decisión del Consejo de Seguridad marca un cambio de rumbo en la presencia de Naciones Unidas en Colombia, que continuará apoyando la paz, pero con menor alcance en los componentes de justicia y derechos étnicos, considerados por muchos como fundamentales para una reconciliación plena y duradera.
