El Gobierno del presidente Gustavo Petro avanza en un cambio significativo para el sistema de pagos en Colombia. El Ministerio de Hacienda publicó un proyecto de decreto que plantea eliminar la retención en la fuente del 1,5 % aplicada a las transacciones realizadas con tarjetas débito y crédito en los comercios del país, una medida que busca aliviar la carga financiera de los negocios y evitar sobrecostos para los consumidores.
La iniciativa tiene como objetivo corregir la desigualdad tributaria existente entre los pagos con tarjetas físicas, que históricamente han estado sujetos a esta retención, y otros medios electrónicos más recientes como los códigos QR, las transferencias de bajo monto y las billeteras digitales, que actualmente no enfrentan este gravamen.
El proyecto surge luego de una fuerte controversia regulatoria ocurrida en octubre de 2025, cuando el Ministerio propuso aplicar una retención similar a los pagos realizados mediante llaves del sistema Bre-B y plataformas digitales como Nequi, Daviplata y dale!. La propuesta fue ampliamente criticada por gremios, entidades financieras y centros de análisis, que alertaron sobre el riesgo de desincentivar los pagos electrónicos y promover el uso del efectivo.
Tras el rechazo, el Gobierno dio marcha atrás y fijó una tarifa del 0 %, argumentando la necesidad de fomentar la bancarización y la formalización de la economía. Esa lógica ahora se extiende a las tarjetas débito y crédito. Según fuentes del sector, la eliminación de la retención mejoraría el flujo de caja de los comercios y evitaría que ese costo sea trasladado a los precios de bienes y servicios.
El decreto sostiene que los instrumentos de pago, físicos o digitales, cumplen hoy la misma función económica, por lo que deben recibir un tratamiento tributario similar. Además, el Ministerio advierte que la retención ha generado distorsiones en los precios al consumidor.
Aunque la Nación dejaría de recibir un recaudo anticipado, el Gobierno asegura que el impacto fiscal será neutro en el largo plazo. Los cambios entrarían en vigencia el 1 de marzo de 2026, una vez los sistemas tecnológicos se ajusten a la nueva normativa.
