Colombia enfrenta ahora el enorme desafío de reconstruir las zonas golpeadas por el terremoto del pasado 10 de agosto, una tragedia que dejó 331 personas fallecidas, 4.519 heridas y más de 466.000 damnificados.
Superada la primera etapa, concentrada en las labores de rescate y la atención inmediata de los afectados, el Gobierno Nacional anunció el comienzo de una segunda fase enfocada en la reconstrucción de las zonas devastadas.
La magnitud de la emergencia representa un reto sin precedentes para el Estado y las entidades territoriales. Los reportes conocidos dan cuenta de más de 200.929 viviendas averiadas y 37.542 completamente destruidas, con afectaciones registradas en 16 departamentos del país.
Aunque todavía no existe una cifra oficial consolidada sobre el costo total de la reconstrucción, las primeras estimaciones apuntan a que los daños podrían superar los $20 billones, equivalentes aproximadamente al 1 % del Producto Interno Bruto (PIB), de acuerdo con cálculos de BTG Pactual.
El panorama podría ser incluso más complejo. El expresidente de la Federación Nacional de Cafeteros y exministro de Minas y Energía, Juan Camilo Restrepo, calculó que la recuperación podría llegar a demandar hasta $40 billones.
💰 Más de $26.000 millones ya fueron contratados
Mientras el país intenta dimensionar el costo de la tragedia, también comenzaron a conocerse las cifras de los recursos que han sido comprometidos por las diferentes entidades públicas para atender la emergencia.
A una semana de cumplirse un mes del terremoto, el Gobierno y las entidades territoriales han registrado 122 contratos por un valor total de $26.882 millones.
Del total, el 76,23 % corresponde a contratación directa, mientras que dentro de esta modalidad la figura de urgencia manifiesta representa el 62,3 % de las causales registradas.
Entre las entidades que aparecen con mayores montos contratados se encuentran la Gobernación de Risaralda, con ocho contratos que superan los $6.000 millones; la Alcaldía de Manizales, con cerca de $4.000 millones, y la unidad administrativa del Distrito de Cali, con alrededor de $3.000 millones, según los registros disponibles en el Sistema Electrónico para la Contratación Pública (Secop).
En cuanto al origen de los recursos, más de $16.000 millones provienen de alcaldías y gobernaciones, equivalentes al 60 % del total. A esto se suman cerca de $5.000 millones provenientes de recursos privados o de cooperación y más de $4.000 millones correspondientes a créditos.
⚠️ Transparencia, el otro desafío de la emergencia
Ante el volumen de recursos que comenzarán a movilizarse para atender la emergencia y avanzar en la reconstrucción, Transparencia por Colombia puso sobre la mesa una serie de recomendaciones para reducir los riesgos de corrupción.
La organización elaboró un manual con 25 recomendaciones dirigidas a fortalecer el manejo de los recursos durante la emergencia, haciendo énfasis en aspectos como la transparencia presupuestal, la integridad en la contratación, la rendición de cuentas y la participación ciudadana.
También plantea la necesidad de mantener una vigilancia permanente por parte de los organismos de control para garantizar que los recursos destinados a los damnificados lleguen efectivamente a quienes los necesitan.
La atención sobre la contratación pública cobra especial importancia debido a que la declaratoria de emergencia económica y social permite flexibilizar algunos procedimientos de contratación con el propósito de acelerar la respuesta estatal.
Sin embargo, el reto será encontrar el equilibrio entre agilidad y transparencia, para que la urgencia de reconstruir no termine convirtiéndose en una oportunidad para el despilfarro o la corrupción de los recursos destinados a las víctimas.
