En Santa Marta y la zona norte del Magdalena, el sector turístico enfrenta un fenómeno creciente de extorsión que afecta directamente a hoteleros, comerciantes y trabajadores informales, según advirtieron investigadores y defensores de derechos humanos. Lo que antes era un cobro eventual se ha convertido en un sistema consolidado de gobernanza armada, donde los pagos obligatorios se realizan “como si se tratara de un servicio público”, aseguran los especialistas.
La investigadora Norma Vera explicó que existen al menos dos estructuras principales que se disputan el control territorial en la región: las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada y el Clan del Golfo. “Se trata de una disputa por toda una renta criminal que incluye rutas del narcotráfico, microtráfico, extorsión, lavado de activos y trata de personas”, señaló Vera. Los cobros no se limitan a hoteles, sino que abarcan actividades económicas de todo tipo, tanto formales como informales.
En el Parque Tayrona, el fenómeno tiene antecedentes de más de tres décadas, y las cuotas extorsivas han pasado del 10% al 25% por cada visitante que llega a los establecimientos turísticos. Además, algunos grupos armados buscan apropiarse directamente de los negocios, ejerciendo presión sobre los dueños o administradores, e incluso imponiendo violencia extrema para mantener el control. Vera documentó 25 casos de desmembramientos públicos, además de reclutamiento de menores y desplazamientos forzados como parte de la estrategia sistemática de dominación territorial.
El impacto económico es notable. El antropólogo Lerber Dimas, director de la plataforma de derechos humanos de la Sierra Nevada, advirtió que la extorsión se ha normalizado en la región, afectando al turismo, la producción bananera y palmera, y las contrataciones públicas. Dimas identificó tres estructuras con presencia en el departamento: las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra, el Ejército Detallista de Colombia y un grupo conocido como los Primos. Estas organizaciones ejercen control sobre sectores estratégicos como el ecoturismo, la producción agrícola y hasta la educación rural, imponiendo pagos de entre 60.000 y 70.000 pesos incluso a docentes.
Los testimonios coinciden en que la extorsión afecta a todos los niveles de la actividad económica local. “Desde el vendedor de agua hasta el dueño del hotel pagan extorsión”, afirmó Dimas, generando un panorama de incertidumbre y temor. Muchos hoteleros y comerciantes evitan dar declaraciones públicas por miedo a represalias, evidenciando la consolidación de un sistema de control económico y social que permea gran parte de Santa Marta y el Magdalena.
Los expertos coinciden en que, mientras estas prácticas continúen, la región no solo sufrirá pérdidas económicas directas, sino que también verá afectada la confianza de los turistas y la inversión local, consolidando un ciclo de violencia y dependencia que amenaza la estabilidad y el desarrollo del territorio.
