En una carta, las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (Clan del Golfo), el Bloque Virgilio Peralta Arenas (Caparrapos), los ‘Rastrojos’, los ‘Shottas’ de Buenaventura, la ‘Inmaculada de Tuluá’ y los ‘Mexicanos’ de Quibdó, mostraron su voluntad para iniciar una negociación con el gobierno del presidente electo Gustavo Petro.
En la carta, estas organizaciones aseguran que, a partir del 7 de agosto de 2022, fecha en la que se posesiona el gobierno electo, están dispuestos a coordinar un cese al fuego contra la institucionalidad.
Esos grupos ilegales, que pueden tener unos 3 mil delincuentes armados, ofrecen desarmarse «en el momento indicado»; dicen que están «dispuestos a pedir perdón» y a aportar «verdad total e integral»; «no repetir los actos criminales»; «cumplir con la justicia restaurativa» y «unirse con las instituciones para proteger el medio ambiente».
De igual manera, reiteran que el “país se debe reconciliar y en la medida de lo posible nadie debería llegar a la cárcel”, alegando que, a la fecha, “está comprobado que es una ‘universidad del crimen’ que no cumple con los fines de la reconciliación”.
“Creemos que, a partir de este compromiso, Colombia y nosotros nos merecemos una segunda oportunidad que incluya compatriotas presos en el exterior que tengan el compromiso honesto y real de esclarecer la verdad de los hechos oscuros de nuestro país, que los colombianos y el mundo entero tiene derecho a conocer”, manifiestan.
En cuanto a la extradición de alias ‘Otoniel’ a Estados Unidos, dicen que no están de acuerdo con que ese mecanismo. Por eso, según ellos, “debería operar solo en los casos donde haya ausencia de verdad, perdón, justicia, reparación y no repetición”.